"Las leyes penales no bastan por sí mismas para contener la criminalidad dentro de límites tolerables"

Amigos lectores:

Según la Organización Mundial de la Salud, la seguridad ciudadana y la criminalidad de un país, estado y municipio son aspectos importantes de la salud pública, que afectan a la economía del bienestar, y que convenientemente analizadas y prevenidas contribuyen a incrementar la justicia social.

Las situaciones y demandas de seguridad están experimentando cambios acelerados en los últimos años. Las instituciones con responsabilidades en el área deben afrontar nuevos retos, lo que al parecer no están haciendo; encontrando que la inseguridad general se concentra principalmente en el miedo por la seguridad de la persona.

La posición más insistente se da en la idea de que debe existir un derecho penal con penas más duras y violentas, como fórmula de volver a la seguridad ciudadana que "algún día existió". Posiciones en realidad extremas.

Vivimos momentos en los que sobresalen las tendencias a incrementar el castigo en los delincuentes, a crear nuevos delitos por conductas que deben ser remediadas no con el derecho penal,  todo como estrategia esencial de prevención especial, dirigida para que los demás no cometan delito, lo que, sin lugar a duda, arroja muy pobres o nulos resultados.

Desde el punto de vista de la criminología, la prevención del delito debe ubicarse dentro del modelo de Salud Pública, en el que para cada dolencia existe un tratamiento recomendable o, al menos, uno preferible en comparación con los otros.

Para evitar seguir en extremo confundidos, urge a través de la ciencia de la criminología introducir en la educación de la gente, del público, los auténticos conocimientos y las razones que están detrás de los delitos que se cometen y sus soluciones y así, además, ofrecerle a los políticos recomendaciones realistas de implementar, con argumentos científicos sin compromiso.

Hay que implementar en la prevención del delito aquellos programas y metodologías que prueben ser efectivos o al menos que muestren conseguir objetivos intermedios que sean considerados valiosos para la comunidad.

No podemos seguir malgastando el tiempo, el dinero y las esperanzas de todos los ciudadanos, cuando se le miente haciéndole creer que a través de la ley se incrementa la seguridad y los malos van a ir a la cárcel.

A título de ejemplo, y hablando de programas, resulta importante la intervención oportuna y temprana en escuelas y familias, y el considerar por parte de la autoridad, el grave riesgo en que se pone a las víctimas de delitos violentos cuando se invita a denunciar a sus agresores y luego resulta incapaz de darles una protección adecuada.

A nivel del mundo uno de los rasgos que se atribuye al sistema de penas y sanciones en los códigos penales es la pretensión de disminuir la presencia de la prisión como privación de libertad continuada, sabiendo que la pena constituye el mal que imponen los legisladores, a través del juez, por la comisión de un delito al culpable o culpables del mismo.

Por lo anterior y tomando en consideración el interés del sector político de incrementar la duración de las penas de prisión, hasta estimarla como perpetua para algún tipo de delito, o de traer al debate el tema ya superado de la pena de muerte, exige no olvidar: . Que la legislación penal debe ser eficaz en la protección de bienes jurídicos con la menor violencia posible.

. Que la nueva política criminal ha de asumir la idea de que el mejor sistema penal no es el más duro, sino el más humano.

. Que la amenaza de la pena no sería suficiente si no existe todo un aparato eficiente que la lleve a su aplicación: detención de los autores, condena y ejecución de la pena. Si falla todo este mecanismo, la eficacia en la prevención se debilita.

. Que al fallar la labor policial, cuando ésta es insuficiente, ineficaz o está corrompida o tiene temor a los delincuentes porque la criminalidad ha adquirido grandes proporciones en volumen y peligrosidad, la eficacia de la pena falla totalmente.

. Que hay que tomar en cuenta que el autor casi siempre ejecuta los hechos convencido de que no va a ser descubierto y, en consecuencia, detenido y condenado.

Dicho de nuevo, el Estado Mexicano, es decir nuestras autoridades, debe darse cuenta de que la investigación criminológica es rentable, que carece de sentido multiplicar las figuras del delito y sus sanciones sin ninguna mesura, que las leyes penales no bastan por sí mismas para contener la criminalidad dentro de límites tolerables y luego, si no se aplican o su aplicación es fruto de la suerte, el Estado deja de cumplir el principal de sus fines, el asegurar el imperio del derecho y la consecuente seguridad ciudadana.

Con la pretensión de la prisión perpetua o de la probable pena de muerte nos encontramos frente al simbolismo de la intervención penal, el que se da al promoverse reformas orientadas a satisfacer demandas de aplicación de la ley penal o de incremento de sus penas, sabiendo que no producen efecto alguno ni se puede decir que en algo favorezcan.

Al promover reformas legislativas para crear nuevas leyes penales, a sabiendas que ni solucionan problemas de seguridad, ni se justifican al ser valoradas, pero permitiéndole al poder público lanzar el equivocado mensaje de que se está reaccionando ante las grandes preocupaciones ciudadanas sobre la seguridad. Estas promociones o iniciativas de reforma a la ley penal no van a solucionar ningún problema y, por ello, se dice son esencialmente simbólicas.

Es bueno reconocer que se ha abierto el campo de la criminología. Ya no basta hablar sólo de delitos y de penas. Ya no se "castiga" a los delitos con sólo penas, se "sanciona" con control social jurídico-penal. Se investiga y responde a las víctimas, a las conductas desviadas, etcétera.

Don Luis Rodríguez Manzanera, en todo México, ha insistido en su calidad de profesor de que la criminología alcance su mayoría de edad como ciencia imprescindible en la universidad, en la doctrina y en la práctica del derecho penal, de la administración de justicia, en los sistemas penitenciarios.

Es decir, como ciencia adulta, la criminología resulta necesaria, imprescindible para la sana administración de la justicia.