Una doctrina que apunta a dividir la aplicación de la ley, según se trate de delitos comunes o de la delincuencia organizada, como los hechos del terrorismo.
El llamado "derecho penal del enemigo" es un concepto que desde hace varios años -particularmente con mayor impulso desde el atentado del 11 de setiembre de 2001, en los Estados Unidos- ha ganado adeptos en distintos países, sobre todo en los líderes del denominado Primer Mundo, afectados por ciertas formas de delincuencia organizada, como el terrorismo y su amenaza permanente.
Aunque reconoce raíces de antigua data en la historia de la humanidad, la reformulación más reciente del concepto es atribuida al jurista alemán Günther Jakobs, quien a partir de 1985 lanzó la idea de que ya no es posible tratar del mismo modo a la delincuencia común que a determinadas organizaciones criminales.
Esa doctrina postula que a la delincuencia común se le apliquen los derechos y garantías que corresponden a todo ciudadano en un sistema democrático, al que se considera inocente mientras no recaiga sobre él una sentencia condenatoria firme.
Por el contrario, para los delincuentes organizados, como los terroristas, esas garantías están severamente restringidas y, peor aún, en determinados casos se admiten medidas coercitivas que rozan el apremio y hasta la tortura.
Para los sostenedores de ese criterio diferenciador del derecho penal, la mayor peligrosidad de determinado tipo de delincuencia, a cuyos actores consideran "el enemigo" de la sociedad, justifica la imposición de leyes más rigurosas que las que corresponden al común de los ciudadanos.
La idea es tan clara como que considera ciudadanos "personas" a los sospechados de hechos delictivos comunes, mientras que a los incursos en actos de terrorismo se los denomina "no-personas", es decir, una categoría inferior de ser humano que, por su condición de "enemigo" de la sociedad merece un trato diferenciado.
Origen y cambios. Las ideas de Jakobs tuvieron en el ámbito jurídico una etapa de discusión sin mayor polémica, hasta que en 2001 se produjo el cruento atentado terrorista en Estados Unidos.
Desde ese momento, juntamente con el nuevo giro que provocó ese ataque en la historia de la humanidad, también comenzó a cambiar el concepto de derecho penal del enemigo, esbozado por el jurista alemán.
Al decir de quienes defienden las ideas de Jakobs, los postulados originales de éste fueron desnaturalizados, al identificarse su posición con las reacciones que surgieron tras el atentado, vinculándolos incluso con doctrinas políticas autoritarias, que no responden al pensamiento de aquél.
Este concepto autoritario, llevado a la práctica, significa, ni más ni menos, que darle al Estado un arma tan poderosa que, _según auguran los críticos de esa forma de dividir el derecho y las garantías constitucionales_ puede llevarlo peligrosamente a superar las barreras legales y éticas para imponer, al final, un sistema represivo global a toda la sociedad en su conjunto.
El tema es abordado en un libro que varios profesores de derecho penal de la Universidad Católica de Córdoba presentarán el jueves en la Facultad de Ingeniería.
Los autores. Se trata de un trabajo conjunto, editado por la Editorial de la UCC, que reúne las posiciones de los docentes Luis María Bonetto, Alberto Gabriel Lozada, Sebastián López Peña, Carlos López Peña, Luis Roberto Rueda y Eduardo Rodolfo Valdés.
El libro, titulado "El derecho penal y sus enemigos. Derecho penal y Sociedad Democrática", aborda en seis capítulos los siguientes temas:
Derecho penal: miedo o convicción, a cargo de Luis María Bonetto; Menor delincuente: ¿Enemigo de la sociedad?, por Carlos López Peña; ¿Derecho penal vs. Estado democrático de derecho?, por Sebastián López Peña; El derecho penal y los enemigos, por Alberto Gabriel Lozada; Derecho penal: discursos, exclusión e impunidad, por Luis Roberto Rueda, y A propósito de algunas manifestaciones de un derecho penal del enemigo, a cargo de Eduardo Rodolfo Valdés.
Relacionado con el tema que abordan, previo al prólogo los autores citan un párrafo del libro "El enemigo en el derecho penal", de Eugenio Raúl Zaffaroni, un jurista especializado en Derecho penal y actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice:
"Si en realidad el derecho penal siempre ha aceptado el concepto de enemigo y éste resulta incompatible con el Estado de derecho, lo que en verdad correspondería es una renovación de la doctrina penal correctora de los componentes autoritarios que la acompañaron a lo largo de casi todo su recorrido; en otras palabras, un ajuste del derecho penal que lo compatibilice con la teoría política que corresponde al Estado constitucional de derecho y lo depure de los componentes propios del Estado de policía incompatible con sus principios".
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